Comienza la fiscalización a empresas de más de 100 personas para asegurar cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral: arriesgan multas

Aunque la Ley 21.015 -o Ley de Inclusión Laboral- entró en vigencia en 2018, recién en noviembre de 2023 se introdujeron modificaciones orientadas a fortalecer su cumplimiento por parte de las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores.

La medida fue informada por el Subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, y se trata del Decreto 36 introducido por el Ministerio. Las principales medidas que contempla la norma son el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización de la Dirección del Trabajo y apoyar en las empresas las herramientas que permitan la inclusión efectiva en los lugares de trabajo.

Entre las obligaciones que plantea el Decreto 36 están que las empresas con más de 100 trabajadores deben realizar una comunicación electrónica en enero de cada año, para informar a la Dirección del Trabajo sobre el cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral. En particular indica que deben aplicarse y comunicarse las políticas en materias de inclusión, como un diagnóstico de la situación en la empresa en el tema, un plan de acción para desarrollar una cultura organizacional inclusiva y programas de capacitación periódicas.

Actualmente, las multas por incumplir la Ley de Inclusión Laboral van de 2 a 40 UTM en medianas empresas y entre 3 a 60 UTM en grandes empresas.

Gestores de inclusión

Una de las exigencias que contiene la Ley, es que al menos uno de los trabajadores que se desempeñe en funciones relacionadas con recursos humanos dentro deberá́ contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esta persona debe estar certificada por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y deben cumplir con promover en la empresa políticas en materias de inclusión y elaborar anualmente programas de capacitación de su personal.