Aún cuando la Ley 21.015 -conocida como Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad- fue formulada con el objetivo de facilitar el acceso al trabajo de este colectivo; organizaciones que trabajan con personas que cuentan con algún tipo de discapacidad intelectual plantean que este cuerpo legal no reconoce sus necesidades específicas, lo que les genera aún muchas barreras; además de padecer de otros vacíos.

Para exponer este tema es que la Corporación Apertura para el Mañana (APM) fue invitada a la sesión del pasado 5 de mayo en la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, instancia donde detalló las falencias que presenta la Ley 21.015, y dio a conocer propuestas para que esta sea un instrumento que efectivamente garantice el derecho al trabajo de las personas con discapacidad intelectual (PcDI).

Precisamente esta normativa está siendo objeto de revisión por estos días en el Senado, a propósito que el 1 de abril pasado se cumplieron tres años desde su promulgación. Por lo mismo es que se espera que dentro de las siguientes semanas la Cámara Alta dé a conocer un estudio acerca de cómo ha sido su implementación en el sector público. 

VACÍOS Y DISCRIMINACIÓN

En su exposición, la directora ejecutiva de Corporación APM, Débora Gálvez, explicó que las personas con discapacidad intelectual -que en Chile son alrededor de 400 mil- requieren de adaptaciones y apoyos específicos para desarrollar sus trabajos, cuestión que no está lo suficientemente abordada en la mencionada Ley. Esto induce a que muchos empleadores piensen sólo en dispositivos para adaptar los puestos de trabajo a discapacidades físicas, lo que –indicó- produce el efecto que en la práctica la misma normativa “discrimine a las PcDI”.

Adicionalmente la experta detalló más consecuencias de los vacíos legales, tales como las bajas remuneraciones, las causales de término del contrato laboral (26% vencimiento del plazo y 25% renuncia del trabajador); además de la escasa facultad de la ley para la garantía de su principal objetivo, al establecer multas pequeñas en caso de no cumplimiento.

Finalmente, aunque no hay registros de cuántas personas con este tipo de discapacidad han sido contratadas bajo la ley 21.015, la representante de Corporación APM indicó que según los datos que maneja preliminarmente, su participación en el mercado laboral es escasa en comparación a otros países cuyas legislaciones exigen un cupo para personas con discapacidad más alto, o donde expresamente se busca que las personas con discapacidad intelectual no queden atrás.

“Nos interesa particularmente que nuestra sociedad sea capaz de generar un modelo de inclusión laboral que responda a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual (PcDI), que son múltiples y muy diversas respecto de las que presentan otros tipos de discapacidad. Considerando que queda pendiente la creación de un Plan Integral en la línea de vida de estas personas”, indicó Débora Gálvez.

INTERÉS EN AVANZAR

Tras escuchar la exposición de la directora ejecutiva de Corporación APM, y anteriormente al representante de la Fundación ASPI, Maximiliano Bravo; la presidenta de la comisión, la senadora Carolina Goic, indicó que “creo representar a los colegas cuando digo que tenemos especial interés de avanzar en esto” y propuso al resto de los integrantes de la comisión “que se pueda trabajar algunos de los planteamientos que nos hacen ahora Débora y Maximiliano; recogerlos con otros que nos han planteado también organizaciones”.

Cabe señalar que Corporación “Apertura Para el Mañana”, (APM), es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, creada por padres y madres en el año 2014, que ha enfocado sus esfuerzos en promover en jóvenes y adultos con diversas discapacidades intelectuales, procesos de autodeterminación e inclusión laboral. Anteriormente, el 2019, ha formado parte de la mesa de diálogo social convocada por OIT y SENADIS sobre la aplicación de la Ley 21.015.