Este domingo 13 de junio se realizará la segunda vuelta para gobernadores regionales en 13 regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, de la Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos, donde se deberá efectuar esta nueva elección debido a que ninguno de los candidatos al cargo alcanzó el 40% de los votos válidamente emitidos.  

De acuerdo al académico de la Universidad de Talca y abogado constitucionalista, Domingo Hernández, este quórum se definió dada la importancia que tendrá esta nueva autoridad para el proceso de democratización de los gobiernos regionales. “Este proceso se inició con la elección, a fines de 2013, de los consejeros regionales por votación popular”, precisó el profesor, quien agregó que en esta segunda vuelta se medirán las dos más altas mayorías relativas en cada una de las regiones que corresponde.

Los votantes deberán asistir este domingo a los mismos locales y mesas en los que emitieron sus preferencias en la elección de abril.

En el balotaje resultará vencedor quien logré la mayoría simple de los votos. El cargo tendrá una duración de cuatro años en sus funciones, y podrán ser reelectos solo para un período siguiente.

Descentralización

De acuerdo al abogado constitucionalista y académico de la UTalca, Gonzalo Aguilar, la figura del Intendente que hoy existe, “es una manifestación del centralismo, donde las regiones no tienen la suficiente independencia para tomar sus decisiones, porque en el fondo son determinaciones adoptadas por el Presidente de la República”, por ello la idea de este nuevo cargo es fomentar la descentralización política del país.

El especialista expresó que esto debería alcanzar otras áreas además de la política. “Es una tarea para el futuro que esta suerte de descentralización política vaya de la mano con una especie de descentralización económica, porque si el gobernador quiere implementar ciertas políticas y no tiene el financiamiento, esas ideas no se podrán llevar a cabo”, argumentó.

En este sentido el profesor Hernández señaló que existen aún ciertas dudas respecto a que en la práctica se alcance esa descentralización. “Nada asegura que este significativo avance democratizador sea garantía de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de las regiones, pero sí otorgará al gobernador regional un mayor grado de legitimidad democrática que probablemente incidirá en la profundización de un proceso descentralizador que, a lo largo de nuestra historia, ha generado más decepciones que satisfacción a la ciudadanía regional”, manifestó.

Funciones

El director del Centro de Análisis Político (CAP) de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, explicó que en esta autoridad residirá la administración de cada una de las 16 regiones del país. “A diferencia del Intendente que concentraba todo el poder político y administrativo dentro de cada una de las regiones, el gobernador compartirá algunas de esas funciones con el delegado presidencial nombrado por el Presidente de la República”, señaló.

“El Intendente concentraba dos funciones principales, una de gobierno interior supervisando el orden público y el de diseño de planes de desarrollo para las regiones, pero con este nuevo marco institucional los gobernadores tienen una función delimitada”, precisó el cientista político, quien agregó que la misión de orden público recae en el delegado presidencial.

Esta situación podría generar problemas y superposiciones en las funciones. “Naturalmente va entrar en cierto conflicto con el gobernador regional, quien va a alegar legitimidad popular dado que fue electo por voto ciudadano y por otra parte el delegado presidencial sostendrá que hay una legitimidad de origen, ya que es el Ejecutivo quien lo nombra”, puntualizó el académico.

​Entre las funciones que asumirá la nueva autoridad está la misión de formular los planes y estrategias de desarrollo en cada una de las regiones y definir los presupuestos destinado a financiar estos planes, con el acuerdo del CORE. “Los Gobiernos Regionales encabezados por el gobernador suponen un sistema de control cruzado entre el gobernador y el Consejo Regional, con el fin de producir políticas públicas adecuadas y de consenso para las regiones”, indicó Morales.

Junto con esto, el gobernador coordinará, supervisará y fiscalizará a los órganos y servicios públicos que dependen o se relacionan con el Gobierno Regional; representará judicial y extrajudicialmente a este organismo, pudiendo ejecutar actos y celebrar contratos de su competencia o los encomendados por el CORE; nombrará y removerá a los funcionarios que la ley determine que son de su confianza y velará por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa, entre otros aspectos.