Fiscalía apunta a Maite Orsini por “telefonazo” a favor de Jorge Valdivia

A tres meses del “caso telefonazo” que involucró a la diputada Maite Orsini, y Jorge Valdivia, el Ministerio Público decidió no continuar con la causa al no detectar la existencia de un ilícito.

Orsini fue investigada por los delitos de soborno, tráfico de influencias, connivencia en la evasión de una persona detenida, en calidad de autora inductora, falsificación de instrumentos públicos, falsificación de certificados, obstrucción a la Justicia y sustracción de expedientes.

Según señala el fiscal Cooper en el escrito enviado al Juez de Garantía de Santiago, “el Ministerio Público ha resuelto abstenerse de toda investigación en el presente caso en que aún no se ha producido la intervención de garantía, toda vez que: los hechos relatados en las denuncias no son constitutivos de delito”.

“No hay antecedente alguno que permita a esta Fiscalía tener por acreditado el delito de evasión de detenidos previsto y sancionado en el Artículo 299 Nº1 del Código Penal”, agrega.

“El señor Valdivia nunca fue detenido, sino que sometido a un procedimiento de control de identidad y ciertamente no existió ningún tipo de fuga por parte del señor Valdivia por lo que, por esa sola circunstancia, se descarta el tipo penal”, añade.

Pero, el persecutor cuestionó en duros términos la intervención de Orsini, haciendo un “reproche ético” por “utilizar su cargo” para intervenir en el procedimiento policial.

Eso sí, precisó que “resulta claro, a juicio de esta parte, que su actuación (de la diputada Orsini) no constituye delito como se ha fundamentado en esta presentación, sin embargo, en términos éticos sin lugar a duda que hay un reproche a su actuar. Utilizó el cargo que ostenta para intervenir a posteriori en un procedimiento policial rutinario que afectó a un tercero mayor de edad”.

Asimismo, precisó que la legisladora actuó “presionando además para que se adoptara una revisión del procedimiento que derivó en una investigación administrativa para los funcionarios policiales que practicaron el control de identidad y con posterioridad además, a solicitud suya de contacto por parte de Carabineros, el tercero fuera recibido en el cuartel Central de Carabineros por varios Generales de Carabineros en un acto que a todas luces no está al alcance de cualquier ciudadano sometido a un control de identidad”.

“Su actuar lesiona el trato igualitario que las instituciones del Estado deben dar a todos los ciudadanos, intervención además fundamentada en relaciones de carácter sentimental con el tercero sometido al procedimiento policial lo cual agrava el reproche moral”, concluyó.