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Gobierno insiste en sacar parte de los ahorros previsionales de los trabajadores para usarlo políticamente

  • Jueves 27 de junio de 2024
  • 17:09 hrs

Ad portas de la votación en el Senado, expertos tildan de demagógica la propuesta del Gobierno, argumentando que desatiende las necesidades de la clase media al destinar un 3% de las nuevas cotizaciones a un sistema de reparto administrado por los políticos.

En una reciente columna publicada en La Tercera, Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, expresó su escepticismo respecto a la reforma de pensiones propuesta por el gobierno de Gabriel Boric. Larraín sostiene que el segmento más afectado por las bajas pensiones es hoy la clase media (personas con ingresos promedio de $700.000), y la propuesta de destinar el 6% íntegro a solidaridad no tiene sustento técnico.

“Hablar hoy día de introducir solidaridad al sistema es demagogia pura y dura”, indica en su columna, ya que la tasa de reemplazo (TR) de los sectores más vulnerables es alta gracias a la introducción de la Pensión Garantizada Universal (PGU). “Para el 20% más pobre (primer quintil) la TR es de 172%, o sea problema resuelto. Pero para el cuarto quintil (rentas promedio de $ 700.000) la tasa es solo de 45% y menor aún para las mujeres”, detalla.

Añade que la insistencia del Gobierno en agregar componentes solidarios al sistema actual solo distrae de los verdaderos problemas que enfrenta el sistema de pensiones.

El presidente del consejo señala que la insistencia del gobierno en una reforma estructural obedece más a compromisos políticos como el de "NO + AFP" y a la cercanía de las elecciones de octubre, para las que pretenden aumentar las pensiones “con un par de puntos de cotización a reparto”, dice Larraín.

Un editorial de Diario Financiero refuerza esta perspectiva, destacando que los fundamentos técnicos de la reforma son deficientes y que cualquier aumento en la cotización o costo fiscal debe estar basado en datos sólidos para evitar efectos negativos en la economía. En este sentido, llama al Gobierno a sincerar para quiénes quiere mejorar las pensiones y por qué.

Asimismo, Alejandro Charme, profesor de la UDP, en una carta al mismo medio, enfatiza que el gobierno debe asumir la responsabilidad en el debate previsional, subrayando la necesidad de propuestas bien fundamentadas y alejadas de eslóganes publicitarios, priorizando la seguridad social como un derecho fundamental protegido por el Estado.