Finalmente el gobierno decidió dejar atrás la idea de aprobar una reforma constitucional para crear un nuevo "estado de excepción Intermedio" de “protección y resguardo” para hacer frente a los hechos de violencia.

Debido a la falta de acuerdo en la coalición oficialista, el gobierno decidió aplicar un estado de excepción en la Macrozona Sur pero de forma "acotada".

Así lo decretó anoche la ministra del interior, Izkia Siches, donde este estado de excepción "acotado" se aplicará sólo a rutas y caminos. Adicional a ello, también dio a conocer un plan con tres ejes fundamentales que tendrán como objetivo frenar este conflicto.

“Reconocemos que estamos ante un problema complejísimo y que no se solucionará de la noche a la mañana. También sabemos que debemos actuar de forma coordinada como sociedad. Queremos enfatizar que nuestro Gobierno está comprometido con una agenda de reconocimiento de nuestros pueblos indígenas con los que tenemos una deuda centenaria, entre el Estado de Chile y, particularmente, el pueblo mapuche, por eso queremos avanzar en una agenda compuesta por tres ejes", afirmó anoche la jefa del gabinete.

Restitución de tierras

Anunciaron un nuevo mecanismo para restitución de tierras. El primero de ellos aborda una demanda muy sentida, que es la restitución de tierras, donde se ha duplicado la destinación de recursos fiscales a Conadi para este fin, pasando de $17 mil millones a $35 mil millones. Representa el gasto más grande de los últimos 30 años. Se está considerando la adquisición de 20 mil hectáreas de predios forestales, en 39 predios que irán en beneficio de 19 comunidades. Esta tarea estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que dentro de tres meses debe iniciar el proceso de compras.

Adicional a ello, colocarán en movimiento la tramitación del proyecto que permite la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas con el objetivo de "fortalecer la capacidad del Estado para atender" las necesidades de los pueblos originarios.

Parlamentos con el pueblo mapuche

Otro punto es el de los Parlamentos territoriales, donde -a juicio del ejecutivo- el diálogo es el segundo componente esencial de esta agenda. Se impulsarán parlamentos territoriales que reconozcan a las autoridades propias indígenas y a los actores del territorio, con el objetivo de generar acuerdos para responder tanto a la demanda territorial como asuntos relacionados con vivienda, gestión urbana, telecomunicaciones, entre otros.

Par esto e ha solicitado el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas para estos encuentros interculturales, que tendrán lugar en el mes de julio.

Además, invertirán 400 mil millones de pesos para la mejora de la calidad de vida de la región de La Araucanía y el Biobío. Esto conlleva la construcción de obras públicas, infraestructura para agua potable, mejora en la salud, entre otros.

Seguridad

En conjunto con la Policía de Investigaciones y Carabineros el Gobierno está abordando el aumento de delitos que se cometen en la Macrozona Sur y cuya pronta solución permitiría avanzar en disminuir los efectos del Crimen Organizado en la zona. Es por esto que el Ministerio Público se ha comprometido a designar un fiscal especial con dedicación exclusiva para investigar robo de madera y narcotráfico en las regiones de Biobío y Araucanía, según se indicó.

Así, el Gobierno decretó un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, acotado a las carreteras y restringiendo en la menor medida posible los Derechos Fundamentales de las personas. Se dispondrán una una serie de medidas destinadas a combatir a los grupos criminales que atemorizan a las comunidades y atacan civiles.

Adicionalmente, de manera interministerial, se está impulsando más de $200 mil millones de inversión pública destinadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades y ayudar a la reactivación económica en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío. En particular, esta suma cubre iniciativas de obras públicas, agua potable rural, mejores capacidades en materia de salud, entre otros.