El pasado 6 de julio fue emitido el informe por parte de la Contraloría de Chile en el que se da cuenta de las conclusiones que arrojó la auditoría sobre los procesos de autorización de plaguicidas de uso agrícola que aplicó el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) entre 2017 y 2019, documento que fue celebrado desde el mundo científico por la Dra. María Teresa Muñoz, vicerrectora de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica del Maule (UCM), ya que viene a ratificar lo que desde hace décadas alertaba la evidencia científica, como por ejemplo, la falta de aplicación del principio precautorio sobre ciertos agroquímicos que actualmente son muy comunes de encontrar circulando y provocan daño en la salud y el medio ambiente.

“El informe demuestra que un ente máximo como lo es la Contraloría General de la República está revisando cómo están funcionando los organismos responsables en temáticas tan importantes como lo es la exposición a agroquímicos   en nuestro país. En gran parte vemos que eso responde a las preocupaciones y alertas que han levantado tanto investigadores como organizaciones que revisan la exposición a plaguicidas y riesgos en las personas”, comenzó relatando la doctora Muñoz, quien, junto a otras Universidades chilenas, han desarrollado una amplia investigación en relación al tema y las consecuencias negativas que pueden ocasionar estos químicos en la salud de las personas.

Tres poderosas conclusiones

Analizando el informe de Contraloría, la investigadora de la UCM repara en tres puntos centrales expresadas en las conclusiones, partiendo por la falta del principio precautorio que es aplicado por la Unión Europea. “Efectivamente la Comunidad Europea prohíbe los plaguicidas peligrosos por aplicar el principio precautorio, lo que significa que cuando setiene evidencia científica contradictoria, no concluyente o hay estudios que evidencian que un plaguicida es dañino para la salud, por precaución se prohíbe, considerando que los perjuicios serían mayores para la sociedad de esperar un efecto dañino en los seres vivos, es decir es una respuesta ética frente al riesgo. Hoy la Contraloría plantea estos temas y exige que al SAG que levante un plan para comenzar a aplicar este principio en los procesos de autorización y venta de plaguicidas. En el informe, el SAG reconoce que se debiera aplicar este principio pero argumenta que es un tema complejo por aspectos económicos, pero creo que ante la evidencia y la realidad de nuestro país estamos a tiempo para implementarlo, especialmente por las altas tasas de cáncer que presenta por ejemplo nuestra región”, dijo.

En segundo lugar, para la experta UCM, en la amplia lista de plaguicidas autorizados por el SAG para la venta y distribución, aparecen 99 que son peligrosos y algunos altamente peligrosos, los cuales actualmente están prohibidos en la Unión Europea y alertados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por su alto nivel de toxicidad.

“Nuestros estudios señalaron que están presentes, en la orina de niños y en periodos anteriores los encontramos en residuos de vegetales y en el suelo. Investigaciones de otras universidades también los han reportado en el medioambiente y en sangre en trabajadores agrícolas, lo cual demuestra que nuestro país no solo está autorizando su venta, sino que se están usando ampliamente y están presentes en el organismo de las personas”, advirtió la doctora Muñoz.

Un tercer elemento que menciona el informe de Contraloría es que no existe medición de riesgo, y efectivamente la norma no obliga al SAG a realizar dicha medición o realizar coordinaciones con otras instituciones o expertos que puedan dar alertas, comentó la investigadora de la UCM. “Por esto es importante trabajar en la nueva normativa, especialmente para evitar lo que está ocurriendo hoy, que el SAG solo considera el informe que entrega el interesado para la autorización de cierto agroquímico para que sea vendido en Chile, pero sin evaluación de riesgo externa sobre las consecuencias de exposición crónica en la salud”, expuso.

Otra alerta que levanta la Contraloría es que al momento de autorizar se no considera la diversidad climática y geográfica de Chile, lo que conlleva a que no se den indicaciones específicas de los riesgos para la salud si se aplica a determinadas temperaturas ambientales, condiciones climáticas entre otros., desconociendo las características de cada región, y aplicando un criterio de aprobación parejo. “Son muchos los elementos que expone el informe y que dan cuenta que en Chile se debe mejorar una serie de procesos y procedimientos, en relación a la autorización de comercializar y usar un determinado agroquímico”, puntualizó la experta de la UCM.

Y es que la circulación de estos químicos calificados por la ciencia como peligrosos para la salud de las personas, circulan muy comúnmente en Chile, como por ejemplo la Deltametrina que se encuentra en el shampoo para el control de los piojos –pediculosis- en los niños; o el Diazinon, el cual, a pesar de ser cancerígeno (definido como probablemente cancerígeno por la IARC), lo podemos encontrar presente en las frutas y hortalizas en general, y además en los collares anti pulgas de animales domésticos.

“La Deltametrina fue restringida por la Unión Europea justamente por el riesgo que significa para un niño en su desarrollo ya que provoca alteraciones endocrinas, afecta el sistema nervioso y se asocia concáncer a temprana edad. Independiente de que esté autorizado, si existe evidencia mínima que existen algún efecto negativo, sería ético aplicar el principio precautorio (…) en el caso de Diazinon, que está presente en los collares antipulgas, quienes estén en contacto con el animal que porte dicho collar con Diazinón, estarán expuestos a estos plaguicidas. Es importante mencionar que durante los años 2016 y 2017 encontramos estos metabolitos en la orina de escolares del Maule, y no solo eso, sino que evidenciamos que están expuestos a una mezcla de plaguicidas peligrosos”, alertó la experta de la UCM.

Daño a la salud de las personas

Son diferentes los efectos que pueden producir los agroquímicos en la salud de las personas, dependiendo del compuesto activo que poseen, advirtió la experta de la UCM. “Pondré de ejemplo los Organofosforados y los Piretroides, neurotóxicos que hemos estado evaluando. Si una persona consume una fruta que posee residuos de estos plaguicidas, posiblemente no presentará problemas ni intoxicación aguda, no tiene efectos inmediatos a menos que tenga una muy alta concentración del químico. Sin embargo, nosotros alertamos sobre los efectos crónicos que se generan cuando una persona está expuesta a bajas dosis por un largo periodo de tiempo, lo que puede provocar daño en el desarrollo. Existe evidencia sobre consecuencias negativas en el aprendizaje, la memoria, la atención y otras consecuencias como cáncer, daño endocrino, genotoxicidad entre los más relevantes”, explicó la vicerrectora de la UCM.

En ese sentido, son una diversidad de riesgos los que se pueden provocar y mientras más tempranamente esté expuesta una persona a estos agroquímicos son mayores los riesgos y las consecuencias.