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12 detenidos por tráfico de municiones y cohecho en Cauquenes y Constitución

  • Jueves 16 de septiembre de 2021
  • 16:46 hrs

La investigación involucró diversas diligencias como interceptaciones telefónicas y el uso de agentes encubiertos y reveladores. 

Hace un año la fiscalía local de Cauquenes inició una investigación por el delito de tráfico de municiones luego de que se detectara un gran aumento en el flujo de éstas incluyendo además la incautación de un arma que nunca fue entregada a su real propietario. 

El Ministerio Público ordenó al OS9 de Carabineros realizar diversas diligencias y peritajes que permitieran establecer a los autores de estos ilícitos los que estaban directamente relacionados con la armería “Curanipez” con sucursales en Cauquenes y Curanipe, además de funcionarios de la policía uniformada que ejercían el rol del autoridad fiscalizadora del control de armas en la zona costera.

Tras las pericias se logró establecer que además existían otros nueve sujetos relacionados con esta investigación quienes fueron formalizados por diversos delitos, quedando cuatro de ellos en prisión preventiva.

“La fiscalía de Cauquenes formalizó la investigación en contra de 12 imputados por los delitos de tráfico de municiones, cohecho, falsificación de instrumento público y desacato entre otros”, afirmó el fiscal jefe de Constitución Francisco Ávila.

Si bien durante la formalización,se dictó la cautelar de prisión pevenvita respecto de sólo uno de los imputados, la fiscalía de Cauquenes apeló en forma verbal en la audiencia en contra la resolución que había rechazado la prisión preventiva de otros imputados.

“Este jueves la Ilustrísima Corte de Apelaciones acogió el recurso que presentamos y dictó la medida cautelar de prisión preventiva respecto de tres de ellos, quienes son el propietario de la armería involucrada y de los dos funcionarios de Carabineros de la autoridad fiscalizadora de armas de Constitución. Además se mantiene la medida cautelar de firma mensual de los otros involucrados”, agregó.

La investigación involucró diversas diligencias como interceptaciones telefónicas y el uso de agentes encubiertos y reveladores. Para el caso se fijó un plazo de tres meses de investigación.